La situación económica de Telefónica del Perú ha llegado a un punto delicado, como lo demuestran las medidas recientes adoptadas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) de Perú. Esta institución ha decidido embargar propiedades de la empresa debido a deudas fiscales vinculadas al Impuesto a la Renta correspondiente a los años 2000, 2001 y 2009. El total de estos embargos es de aproximadamente 832.7 millones de soles peruanos, lo que equivale a cerca de 226 millones de dólares. Estas acciones tienen como objetivo garantizar el pago de las deudas tributarias que la compañía aún no ha saldado.
A pesar de la gravedad de estas acciones, Telefónica del Perú ha asegurado que la continuidad de sus servicios de telecomunicaciones no se verá afectada. La empresa enfatizó que la integridad de sus operaciones es esencial para cumplir con sus obligaciones dentro del procedimiento concursal en curso. Este proceso fue iniciado por la compañía en febrero de 2025, con el objetivo de reestructurar sus obligaciones financieras y garantizar la prestación ininterrumpida de servicios a más de 13 millones de usuarios en todo el país.
La situación financiera de la empresa se ha visto agravada por una sentencia de la Corte Suprema del Perú, que ordenó a Telefónica del Perú pagar 854.7 millones de dólares en impuestos correspondientes a los años 2000 y 2001. Esta decisión judicial ha tenido un impacto significativo en las finanzas de la compañía, contribuyendo a su actual estado de insolvencia.
En un intento por aliviar su carga financiera, Telefónica del Perú fue vendida el 13 de abril de 2025 a la firma argentina Integra Tec International por aproximadamente 900,000 euros. Como parte del acuerdo, Integra Tec asumió una deuda superior a los 1,200 millones de euros y se comprometió a adquirir el 99.3% de las acciones de la empresa, con la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición por el 0.7% restante.
La comercialización de la sucursal en Perú forma parte de una táctica más extendida de Telefónica para disminuir su presencia en América Latina, siguiendo recientes ventas en Argentina y Colombia. La empresa ha lidiado con importantes obstáculos financieros en la zona, entre ellos prolongadas disputas fiscales y decisiones administrativas que han impactado su competitividad en el mercado.
Actualmente, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) tiene un plazo de 90 días hábiles, que vence el 3 de julio de 2025, para resolver la solicitud de procedimiento concursal presentada por Telefónica del Perú. La aprobación de este proceso es crucial para la reestructuración financiera de la empresa y la continuidad de sus operaciones en el país.
La situación de Telefónica del Perú refleja los desafíos que enfrentan las empresas multinacionales en mercados con entornos regulatorios complejos y disputas fiscales prolongadas. La resolución de este caso podría tener implicaciones significativas para la inversión extranjera y la estabilidad del sector de telecomunicaciones en Perú.
