TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El estado de excepción se ha mostrado insuficiente para luchar contra la violencia generada por el crimen común y organizado como consecuencia de la falta de una estrategia conjunta por parte de los operadores de justicia, coincidieron diversos sectores sociales.
Debido a que los homicidios y otros tipos de violencia, como la extorsión, mantuvieron altos índices, el 6 de diciembre de 2022 el gobierno declaró el estado de emergencia mediante Decreto Ejecutivo PCM 29-2022, suspendiendo las garantías constitucionales contenidas en los artículos 69, 78, 81. , 84, 93 y 99, que incluyen la libertad de circulación, la inviolabilidad del domicilio y la libertad personal.
Con el paso del tiempo, el estado de sitio se fue ampliando a través de ocho decretos ejecutivos, ampliando el espectro territorial de 162 barrios del Distrito Central y San Pedro Sula a 158 de los 298 municipios.
Incidencia
Para implementar el estado de excepción y la reacción policial, el gobierno aprobó mil millones de lempiras, sin embargo, los resultados aún siguen siendo cuestionables por los hondureños, ya que persiste la violencia y las extorsiones, uno de los problemas que más golpea a la población, lejos de reducirse, más bien. aumentó un 11% a nivel nacional, según un informe publicado en diciembre por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).
En tanto, la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registró un total de 51 masacres en los 14 meses que lleva el estado de emergencia: cinco en diciembre de 2022, un total de 44 en 2023 y dos en lo que va del año. 2024. Estos hechos violentos dejaron alrededor de 230 personas muertas, entre hombres, mujeres, niñas y niños.
En lo que va del periodo de implementación del decreto ejecutivo PCM 29-2023, la Conadeh también registró 361 denuncias a nivel nacional.
Las denuncias van desde el uso desproporcionado de la fuerza al momento del registro o arresto, incriminación sin motivos comprobables o con medios de prueba aparentemente falsos, falta de precisión sobre los motivos o motivos de la detención.
Por su parte, el Sistema Estadístico de la Policía (Sepol) informó que el 2023 cerró con 3.035 homicidios a nivel nacional, 626 menos que el año 2022 cuando se registraron 6.661 homicidios.
Destacan como los más violentos los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Olancho.
Según la Secretaría de Seguridad, la tasa de homicidios pasó de 38,14 en 2022 a 31,14 en 2023, presentando una reducción de 7 puntos, dato que aún no ha sido validado por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). ), una de las entidades más confiables en la materia.
Revisión urgente
La coordinadora de esta entidad universitaria, Migdonia Ayestas, explicó que los datos oficiales aún están en proceso de validación, por lo que no puede garantizar que la tasa de homicidios haya bajado siete puntos.
Según Ricardo López, subdelegado de Conadeh, lo que hace la Policía con las saturaciones, al menos en el departamento de Olancho (el tercero más violento del país), es detener a las personas que allí están delinquiendo, pero los agentes han tratar a los ciudadanos con mucho respeto, ya que la presunción de inocencia es algo que tienen que respetar y al entrar en una residencia deben disponer de los medios necesarios para un acercamiento.
“Consideramos que el estado de excepción, si bien es cierto, es una medida que ya trascendió un año sin tener resultados positivos. Consideramos que el Estado, a través del Ministerio de Seguridad, debe hacer un análisis más profundo de los logros”, dijo López.
Lamentó que el tema de la delincuencia común y organizada no se ha detenido en los municipios donde se ha establecido este estado de excepción, ya que constantemente se observan incidentes en las comunidades, así como denuncias en redes sociales, donde la gente se queja de la violencia, la robo de sus pertenencias, que no pueden caminar por las calles (peor de noche), así como los crímenes ocurridos en Roatán, que pusieron en alerta al país.
la policia esta sola
Según el abogado y criminólogo Nery Ordóñez, la población señala a la Policía por la falta de una reducción sustancial de los homicidios y la violencia, sin embargo, esto es injusto porque es una tarea de todos los operadores de justicia, Ministerio Público, Poder Judicial y demás órganos del Estado. .
Lamentó que no existe una estrategia conjunta entre los operadores de justicia, sino que cada institución está trabajando de manera aislada.
“Aquí todo el mundo sólo tiene ojos para ver los resultados de la Policía. No tiene ojos para ver el actuar de la Fiscalía, que es el ente que dirige la investigación. Hay que ver el trabajo de los fiscales ya que son ellos quienes dirigen técnica y jurídicamente las investigaciones. El Ministerio Público debe rendir cuentas”, exigió Ordóñez.
“Hasta este momento no he escuchado que el Ministerio Público haga un pronunciamiento bajo el estado de emergencia. ¿Por qué razón? Porque al final todos esos detenidos salen libres, porque los testigos no se presentan para sustentar el caso y los fiscales no hacen mucho. Hay que recordar que con el estado de excepción lo que se busca son los integrantes de estructuras criminales”, agregó.
“Han dejado en paz a la Policía. Aquí la Corte actúa de su lado, al igual que el Ministerio Público. “El Congreso no aplica bien las normas y reglamentos, el Instituto de la Propiedad no facilita el registro de vehículos a la Policía y el 911 ya no atiende llamadas de los ciudadanos”, criticó.
Estos factores influyen para que los crímenes en Honduras permanezcan impunes, uno de los mayores desafíos que enfrenta Honduras desde hace décadas.
