La igualdad formal no garantiza que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos. La autonomía económica y la participación en la toma de decisiones son esenciales para cerrar la brecha de género.
En el marco del Día Internacional de la Mujer 2026, la ONG CODESPA recuerda que el reconocimiento de derechos legales, si bien fundamental, no es suficiente para lograr una igualdad real. Bajo el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, esta conmemoración pone en evidencia la persistente distancia entre la igualdad formal y la igualdad práctica que experimentan las mujeres en su día a día.
Los datos globales muestran que la brecha sigue siendo considerable. Según el informe Women, Business and the Law 2024 del Banco Mundial, las mujeres poseen apenas el 64 % de los derechos legales que tienen los hombres. Por otra parte, ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que casi seis de cada diez mujeres trabajan en la economía informal, lo que implica ausencia de protección social y garantías laborales básicas. Estas cifras reflejan que la igualdad jurídica, aunque esencial, no se traduce automáticamente en equidad efectiva.
La autonomía económica como herramienta de empoderamiento
CODESPA subraya que la autonomía económica constituye un factor decisivo para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos. El acceso a ingresos propios les permite participar en las decisiones de su hogar y su comunidad, además de reducir la dependencia estructural que muchas enfrentan. “La justicia para las mujeres no solo se escribe en las leyes; se construye cuando una mujer puede generar ingresos estables y participar en decisiones que afectan su entorno”, explican desde la organización.
Durante más de cuatro décadas, CODESPA ha llevado a cabo programas en 34 países de América Latina, África y Asia destinados a impulsar la autonomía económica de las mujeres. Estas acciones integran capacitación técnica y empresarial ajustada a cada realidad, facilitan el acceso a financiación o recursos productivos, ofrecen acompañamiento permanente en campo, colaboran con líderes comunitarios y fomentan la presencia femenina en espacios donde se toman decisiones.
Un elemento clave en estas estrategias consiste en impulsar y consolidar asociaciones de mujeres, espacios donde pueden distribuir riesgos, transmitir saberes y fortalecer su poder de negociación dentro de la comunidad. La meta va más allá de elevar sus ingresos y se orienta a expandir la autonomía de las mujeres sobre su economía, su tiempo y su vida social.
Transformaciones tangibles en comunidades vulnerables
La experiencia en terreno evidencia que disponer de recursos y opciones de formación puede transformar profundamente la vida de las mujeres y de sus comunidades. En el Corredor Seco de Guatemala, una zona marcada por la inseguridad alimentaria y los efectos del cambio climático, María Elisa tomó parte en un proyecto productivo impulsado por CODESPA. Al principio intervenía muy poco en las reuniones, pero después de recibir capacitación técnica y de integrarse durante tres años en espacios de gestión colectiva, su participación se afianzó. Con los ingresos obtenidos y la experiencia acumulada, hoy integra el comité de desarrollo local, donde contribuye activamente a las decisiones que afectan a su comunidad.
En el altiplano boliviano, en Pacajes, Lizeth y Estela Tantacalle contaban con habilidades artesanales heredadas de sus familias, pero carecían de acceso a mercados. A través de formación empresarial y acompañamiento, lograron profesionalizar sus productos, diversificar diseños y vender a través de canales digitales. La marca que hoy gestionan genera ingresos estables, ha incorporado a otras mujeres de la comunidad y ha contribuido a reducir la migración hacia las ciudades. Este caso demuestra que la autonomía económica fortalece la participación femenina en decisiones familiares y comunitarias, más allá del impacto financiero.
Los ejemplos muestran un patrón claro: cuando las mujeres acceden a ingresos propios y estables, aumenta su capacidad de influir en decisiones clave. La participación en asociaciones, el acceso a información financiera y la negociación directa con clientes y proveedores refuerzan su papel en educación, inversiones productivas y la vida comunitaria en general. CODESPA subraya que el empoderamiento económico es uno de los factores más eficaces para reducir la dependencia estructural.
Hacia una igualdad real más allá del 8 de marzo
A pesar de los avances legales, ningún país ha cerrado por completo las brechas de género, según los principales organismos internacionales. Sin embargo, el debate público suele centrarse en reformas normativas y políticas de igualdad formal. Para CODESPA, esta discusión necesita ampliarse: no basta con reconocer derechos en la ley, sino que es necesario promover políticas e inversiones que permitan a las mujeres generar ingresos propios y participar activamente en la toma de decisiones.
La organización subraya que la igualdad ante la ley solo cobra sentido cuando se respalda con estrategias constantes de inclusión económica, de modo que los derechos formales puedan convertirse en avances reales y perdurables para mujeres y niñas, mitigando desigualdades arraigadas y fortaleciendo el progreso social y económico dentro de sus comunidades.
La consolidación de la autonomía económica, sumada a la capacitación, la generación de ingresos y la implicación en la toma de decisiones, se convierte en un elemento esencial para convertir la igualdad jurídica en una igualdad plenamente efectiva. El Día Internacional de la Mujer recuerda que la defensa de los derechos de las mujeres exige medidas constantes y tangibles que trasciendan lo meramente legal.
Las experiencias acumuladas en Guatemala, Bolivia y otros países donde CODESPA ha intervenido evidencian que las transformaciones pueden lograrse cuando las mujeres disponen de recursos, acompañamiento y oportunidades reales para participar en la toma de decisiones; la articulación entre derechos legales, independencia económica y una implicación activa constituye el elemento que separa la igualdad meramente declarada de aquella que se vive plenamente en la realidad.
A medida que se desarrollan políticas y programas, el desafío consiste en garantizar que la igualdad legal se traduzca en oportunidades reales, asegurando que todas las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y participar de manera efectiva en la vida económica y social de sus comunidades.
