Este martes El Salvador celebra 32 años de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a la guerra civil (1980-1992), sin saldar deudas con las víctimas de violaciones de derechos humanos, con un desmantelamiento democrático y con los pocos Avances judiciales “neutralizados”, a juicio de las ONG Cristosal y Tutela Legal.
El 16 de enero de 1992, el Gobierno salvadoreño y la guerrilla de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy partido de oposición, firmaron los Acuerdos de Paz en México con la mediación de Naciones Unidas.
Para David Morales, de la organización humanitaria Cristosal, estos acuerdos permitieron “avances históricos”, como un sistema electoral más confiable, el ejercicio de la libertad de expresión y otros que permitieron alcanzar los “mínimos democráticos” alcanzados.
Dijo a Efe que la “deuda más importante” es la que se tiene con las víctimas de crímenes de guerra y de lesa humanidad con juicios ejemplares y otros procesos de reparación.
“Lamentablemente, los gobiernos de turno y el poder militar impidieron el cumplimiento de esta agenda de los Acuerdos de Paz relacionada con los derechos de las víctimas”, quienes fueron discriminadas mientras se protegía a los perpetradores, además de “otras prácticas de impunidad”.
El abogado, que representa en un proceso penal a los sobrevivientes de la masacre de El Mozote (1981), destacó que en 2016 los obstáculos para procesar a los responsables de crímenes de guerra fueron eliminados con la declaración de inconstitucionalidad de la amnistía de 1993.
Este fallo de la Sala Constitucional permitió reabrir procesos penales que estuvieron cerrados durante décadas, como la masacre de unos 1.000 civiles en El Mozote, la masacre de 6 sacerdotes jesuitas (1989), entre otros.
Para Alejandro Díaz, de la organización Tutela Legal “María Julia Hernández”, “se ha neutralizado lo que es esta (resolución de) inconstitucionalidad”.
“Estos casos se han estancado”, subrayó Díaz, cuya organización también forma parte de la denuncia en el proceso penal contra más de una decena de comandantes militares por crímenes de lesa humanidad en la masacre de El Mozote.
El Gobierno de espaldas a los Acuerdos
Este 2024, el Gobierno de Nayib Bukele y el Estado salvadoreño no realizan actos conmemorativos por la firma de los Acuerdos de Paz desde hace 5 años, luego de que el presidente dijera que eran una “farsa”.
En 2020, Bukele apoyó el bloqueo de una serie de diligencias ordenadas por el juez que llevaba el caso El Mozote, Jorge Guzmán, en el archivo militar. El juez pidió a la Fiscalía investigar si el presidente salvadoreño y sus comandantes militares habían cometido algún delito.
Para Díaz, las acciones del Ejecutivo y el Congreso de Bukele, de amplia mayoría oficialista, han afectado los casos judiciales, principalmente tras la destitución irregular de la Sala de lo Constitucional en mayo de 2021 y la destitución de jueces, entre ellos Guzmán.
Según Morales, todos los altos mandos de las Fuerzas Armadas y presidentes civiles, hasta el actual, han mantenido una postura de bloquear las investigaciones y “proteger a los criminales de guerra”.
Lamentó que con Bukele “se vuelve a instaurar una dictadura en El Salvador y la militarización está alcanzando niveles mucho más altos” que los registrados en administraciones anteriores.
Advirtió sobre un “desmantelamiento de la división de poderes y menoscabo de la independencia judicial que han impulsado el Gobierno de Bukele y su grupo legislativo, limitando las posibilidades de lograr justicia en casos de crímenes de guerra”.
La guerra civil (1980-1992) enfrentó al Ejército salvadoreño, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla del FMLN, ahora partido político de oposición que gobernó El Salvador durante 10 años (2009-2019).
La conmemoración de la firma de la Paz se produce en momentos en que El Salvador se encuentra bajo un polémico régimen de excepción para combatir las pandillas y en medio de un ambiente electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo 4 de febrero, en las que Bukele buscará re- elección a pesar de que la Constitución lo prohíbe. EFE
