El fiscal peruano José Domingo Pérez afirmó que la excandidata presidencial Keiko Fujimori fundó el partido Fuerza Popular no solo con el objetivo de lucrarse, sino también para asegurar la impunidad de sus integrantes, quienes estaban involucrados en una organización criminal, al presentar la acusación en el juicio oral contra ella y otras 45 personas y entidades este martes.
En una audiencia pública, Pérez respaldó las acusaciones formuladas contra Fujimori, por la que pide 30 años de prisión, la cúpula de su partido y decenas de colaboradores y presuntos aportantes de sus campañas para postular a la presidencia de Perú en 2011 y 2016.
El fiscal anticorrupción dijo que Fuerza Popular es una organización criminal que “no solo busca el lucro”, sino que busca el poder para “maximizar sus intereses” y lograr la protección de sus integrantes explotando las instituciones del Estado.
Dijo que el partido de Fujimori ha buscado controlar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el entonces Consejo Nacional de la Judicatura, hoy Junta Nacional de Justicia, “con el objetivo de lograr la impunidad de quienes han cometido estos graves delitos”.
Pérez dijo que Keiko Fujimori, como presidenta del partido político, “tenía conocimiento y control sobre los ingresos que recaudaba” para sus actividades de campaña.
El fiscal luego comenzó a describir cómo “la organización criminal recauda activos de origen ilícito para mezclar el dinero con los activos ilícitos” que también recibe, con el objetivo de convertirlos en aportes de campaña.
Pérez afirmó que uno de los testigos de Fiscalía, el empresario Antonio Camayo, confirmó que Fujimori era conocida con el alias de ‘Señora K’ y que era ella quien ejercía una jerarquía vertical, encargada de dirigir y coordinar las actividades delictivas.
Aportes de Odebrecht y grandes empresas
Citando los hechos vinculados al delito de lavado de dinero, entre 2011 y 2016, recordó que la constructora brasileña Odebrecht admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado sobornos para financiar campañas políticas en el exterior con sus ganancias provenientes de la corrupción.
El fiscal dijo además que ante él también declaró, y declarará en el juicio, el expresidente del Banco de Crédito del Perú, Dionisio Romero, que entregó a Fujimori 3,6 millones de dólares en efectivo, luego de sacarlos de la bóveda de su sede principal en el distrito de La Molina, en Lima.
“Ese dinero, bolsa en mano, fue entregado personalmente a Keiko Fujimori”, dijo Pérez.
El fiscal también dijo que la mayor asociación empresarial del país, Confiep, recibió dos millones de dólares de 14 grupos empresariales, bajo el pretexto de una campaña de promoción de la inversión privada, para entregárselos a la campaña de Fujimori en 2011.
Sin embargo, algunos de los directivos de estos grupos empresariales, como Roque Benavides y Carlos Rodríguez Pastor, confirmaron que hicieron esa donación a la Confiep, pero que no estaba dirigida a la campaña de Fujimori.
De igual forma, el grupo Rasmuss recaudó 3,5 millones de dólares para la campaña de 2011 y entregó el dinero en varias partes, en efectivo, a personas cercanas a Fujimori, como Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Cámere, entre otros, indicó el fiscal.
Un total de 17 millones de dólares
Los aportes ilegales que supuestamente recibió el partido de Fujimori para las campañas de 2011 y 2016 ascienden a 17 millones de dólares, según el coordinador del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, Rafael Vela, en entrevista con el diario La República. efecto
