El oficialismo en el Congreso de El Salvador aprobó este viernes por 24ª vez la prórroga por otros 30 días de un régimen de emergencia, vigente desde marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuidos a pandillas y que ha dejado más de 78.100 detenciones.
«Es necesario prolongar este régimen de emergencia, en lo que respecta a medidas extraordinarias, vinculadas a la limitación de derechos» para «continuar las actividades operativas de seguridad, dado que los miembros terroristas y sus líderes siguen en libertad», se lee en la solicitud. de ampliación enviada por el Gobierno y aprobada sin previo análisis ni discusión.
La ampliación fue aprobada con 67 votos de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, dominada en gran medida por el partido oficial Nuevas Ideas y sus aliados.
Aunque el gobierno de Nayib Bukele, supuestamente liderado actualmente por su designado presidencial, sostiene que El Salvador se ha convertido en el país «más seguro» de América Latina, el documento enviado al Congreso dice que las pandillas mantienen su «agresión contra la población y las fuerzas de seguridad».
El decreto, que entrará en vigor el próximo 12 de marzo, establece que se suspenden las garantías constitucionales de la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y también se prorroga la prisión provisional hasta por 15 días, cuando normalmente es de 3.
En el marco de este régimen, las organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones de derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas.
Las muertes de detenidos bajo custodia estatal superan las 200, mientras entidades como Amnistía Internacional advierten que la violencia de las pandillas ha sido reemplazada por violencia estatal en comunidades empobrecidas.
Esta medida fue aprobada tras el asesinato de más de 80 personas a manos de pandillas tras, según investigaciones del medio local El Faro, la ruptura de un pacto entre el Gobierno y bandas criminales.
Bukele basó su campaña de reelección, pese a la prohibición constitucional, en esta medida dado el amplio apoyo de la población que tiene. EFE
