El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado una medida decisiva al ordenar el envío de la Guardia Nacional a la capital del país y asumir el control federal de la policía de Washington D.C. Estas medidas forman parte de un intento por disminuir la criminalidad y el “caos” que él dice que hay en las calles de la ciudad. En un comunicado emitido el lunes, Trump afirmó que adoptará “acciones drásticas” para hacer frente a lo que considera una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, señalando en particular el incremento de personas sin hogar en las calles.
El jefe de estado defendió su decisión al afirmar que la ciudad enfrenta un nivel descontrolado de criminalidad, señalando en particular crímenes como robos, balaceras y asesinatos. Según el líder, Washington D.C. tiene una cantidad de homicidios mayor que algunos de los «peores lugares del mundo», a pesar de las estadísticas que indican una disminución de los delitos violentos en la capital. Los datos de la policía local muestran un descenso del 26% en los crímenes violentos y una disminución del 12% en los asesinatos, lo cual contrasta con las afirmaciones del líder.
Control federal sobre la policía y medidas de seguridad pública
Dentro de las acciones anunciadas, Trump destacó que el gobierno federal asumirá el control del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. bajo la dirección de la fiscal general Pam Bondi. Además, se desplegarán más agentes de policía, del FBI y otras fuerzas federales para tomar control de las calles y “eliminar las bandas criminales”. Trump también mencionó la intención de expulsar a las personas sin hogar de los espacios públicos, implementando lo que describió como una “limpieza” de los “barrios marginales” de la ciudad.
“Sé que no es políticamente correcto, pero vamos a eliminar los barrios marginales donde viven. No vamos a permitir que la ciudad siga siendo un lugar donde los delincuentes y las personas sin hogar sean una carga para nuestros ciudadanos”, dijo el presidente. Estas declaraciones han generado una fuerte reacción, especialmente por parte de la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, quien defendió los esfuerzos locales por reducir la criminalidad y criticó la postura de Trump, calificando sus afirmaciones como erróneas.
La situación de las personas sin hogar en Washington D.C.
Según la organización Community Partnership, que trabaja con personas sin hogar en la ciudad, hay aproximadamente 3.782 personas sin hogar en Washington D.C., de las cuales unas 800 viven en la calle. En los últimos años, la ciudad ha implementado diversas iniciativas para reducir esta cifra, pero la falta de vivienda sigue siendo un problema persistente. A pesar de las críticas a la administración de Bowser, los datos oficiales de la ciudad han mostrado avances en la disminución de los delitos violentos, con una reducción significativa de robos y agresiones.
El enfoque de Trump, sin embargo, no ha sido bien recibido por muchos defensores de los derechos humanos y organizaciones que abogan por las personas sin hogar. Al tratar de “limpiar” las calles, los críticos señalan que el presidente está criminalizando la pobreza y las condiciones de vida difíciles, sin abordar las causas subyacentes de la falta de vivienda o la violencia.
Tensiones políticas y la ley sobre el control presidencial
La acción de Trump tiene un fuerte componente político, dado que Washington D.C. no tiene la misma representación que los estados, lo que permite al presidente tomar decisiones federales de control en la ciudad. A través de la Ley de Autonomía de 1973, el presidente tiene la capacidad de intervenir en la administración policial de la ciudad en situaciones de “emergencia”. Sin embargo, cualquier medida que dure más de 48 horas debe ser notificada al Congreso y no puede prolongarse más allá de 30 días sin su aprobación.
Este es un punto delicado en la relación entre la administración federal y el gobierno local, ya que Bowser ha insistido en que la policía de Washington D.C. tiene la capacidad de manejar la situación sin intervención federal. La disputa sobre el control de la policía metropolitana refleja una creciente división entre los gobiernos locales y la Casa Blanca, especialmente bajo la administración Trump.
Un enfoque polémico y sus implicaciones
El despliegue de la Guardia Nacional y el control federal sobre la policía de la ciudad marcan un giro significativo en las políticas de seguridad pública, que contrastan con las políticas implementadas por gobiernos locales y estatales en otras partes del país. Aunque la criminalidad sigue siendo una preocupación legítima en muchas ciudades, el enfoque de Trump de aumentar la presencia militar y federal en las calles podría generar más tensiones con las autoridades locales y con las comunidades afectadas.
Los críticos del presidente también han señalado la ironía de su propuesta de militarizar la ciudad, dada la controversia sobre la falta de acción de su administración durante los disturbios del 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus seguidores atacó el Capitolio. Esta contradicción ha alimentado el debate sobre el uso adecuado de la fuerza federal y la manera en que el gobierno aborda las tensiones políticas y sociales dentro del país.
Finalmente, la acción tomada por Trump al involucrarse directamente en Washington D.C. constituye un caso complicado de interacción entre el gobierno federal y la independencia local, planteando preguntas sobre el balance entre la protección pública, las libertades civiles y el cuidado de los individuos más vulnerables en la comunidad.
