El consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, presentó dos denuncias penales ante el Ministerio Público en contra de las también consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, por presuntos delitos de prevaricato administrativo, usurpación de funciones y violaciones a la Ley Electoral. La acción legal se enmarca en el contexto de una agria disputa interna por la implementación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), de cara a las elecciones generales previstas para noviembre de 2025.
Ochoa argumenta que las funcionarias actuaron de manera unilateral al modificar aspectos fundamentales del proceso de licitación del TREP sin contar con una resolución aprobada por el pleno del organismo electoral. Según el consejero, esta decisión fue tomada a espaldas del cuerpo colegiado y pretende reincorporar mecanismos de intervención humana que ya habían sido descartados por su historial de controversia en elecciones pasadas.
La modificación cuestionada se refiere a la inclusión de una “verificación humana” en la transmisión de datos preliminares, lo cual, según Ochoa, representa un retroceso en materia de transparencia. Sostiene que ese tipo de intervención manual fue parte de prácticas que generaron sospechas de fraude en comicios anteriores, particularmente en los procesos de 2013 y 2017.
En su denuncia, Ochoa afirma que las dos consejeras actuaron de manera ilegal al extender plazos e introducir enmiendas sin la aprobación del pleno, contraviniendo así lo establecido en la Ley Electoral. Añadió que la responsabilidad directa en la licitación del TREP recae en todo el cuerpo colegiado del CNE y que ninguna consejera tiene autoridad para tomar decisiones administrativas de ese calibre de forma individual.
La reacción de las denunciadas no se hizo esperar. Cossette López, presidenta del CNE, defendió la legalidad de la modificación realizada al pliego de condiciones del sistema de conteo preliminar y acusó a Ochoa de intentar bloquear el proceso de licitación. Sostuvo que el CNE tiene la facultad legal para implementar procesos de verificación de datos, sin que esto represente una violación de las normas vigentes.
Por otro lado, Ana Paola Hall expresó su pesar por el rumbo judicial que ha seguido la disputa y aseguró que la acusación carece de base legal. Indicó que las acciones realizadas se hicieron en el ejercicio de sus deberes como funcionarias del ámbito electoral y conforme a los marcos legales aplicables.
La confrontación entre los tres consejeros incrementa la tensión ya existente dentro del CNE, que se ha intensificado últimamente debido a la ocupación de sus instalaciones por seguidores del partido en el poder, quienes impidieron la presentación de propuestas para el TREP. Este acto, apoyado de forma indirecta por grupos cercanos a Ochoa, provocó duras críticas de la oposición y de observadores locales, quienes opinan que socava la institucionalidad del proceso electoral.
En este contexto de tensión, la Fiscalía tendrá que determinar si inicia una investigación penal oficial contra las consejeras acusadas. Si se procede, el asunto podría establecer un precedente único en la historia electoral del país, comenzando un proceso judicial justo antes de un año de elecciones.
El Congreso Nacional, por su parte, convocó a una comparecencia especial de los miembros del CNE para esclarecer los hechos y brindar explicaciones sobre el manejo de los procedimientos internos, incluyendo el desarrollo del sistema TREP, pieza clave para garantizar la transparencia en la transmisión de resultados preliminares.
Con las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025, el ambiente en el organismo electoral se vuelve cada vez más tenso y dividido. La confrontación interna podría afectar de manera negativa la percepción pública sobre la legitimidad del proceso, mientras continúan los llamados de diferentes sectores para asegurar un proceso electoral íntegro, imparcial y basado en reglas claras y consensuadas.
