TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Bajo un fuerte operativo policial, el extraditable y ex director ejecutivo del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional, Francisco Roberto Cosenza la mañana de este martes -9 de enero- hacia Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el desarrollo de tu audiencia informativa.
Fuertemente custodiado por una caravana integrada por varios elementos policiales, Cosenza fue trasladado desde las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) hasta la sede del Poder Judicial, donde es citado a presentarse alrededor de las 8:00 horas.
En la audiencia de este martes al exfuncionario del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022) se le leerán los cargos que le imputa el Distrito Sur de Florida, Estados Unidos.
Cosenza está acusado de concierto para cometer blanqueo de capitales, blanqueo de capitales y transacciones derivadas de actos delictivos.
Cosenza fue capturada, pese a asegurar que se rendirán
Francisco Roberto Cosenza fue solicitado en extradición por Estados Unidos el 14 de diciembre de 2023, donde aseguró que se entregaría voluntariamente.
Sin embargo, fue capturado por agentes policiales en su domicilio durante un operativo realizado ayer lunes -9 de enero-.
El exfuncionario del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, a la espera de su juicio por narcotráfico en Nueva York, habría cometido estos delitos entre 2015 y 2020.
Investigaciones de la Fiscalía
Según las investigaciones de la Fiscalía, Cosenza habría recibido sobornos para adjudicar contratos para la producción de uniformes policiales a un empresario estadounidense.
Los otros imputados en la trama son Carl Alan Zaglin, de 68 años, propietario de una fábrica de uniformes y accesorios policiales con sede en Georgia, y Aldo Néstor Marchena, de 50 años, residente de Boca Raton, Florida.
“Entre marzo de 2015 y aproximadamente noviembre de 2019, Zaglin, Marchena y otros supuestamente acordaron sobornar a funcionarios del gobierno hondureño, incluido Cosenza, para obtener contratos del Impuesto de Seguridad Poblacional por valor de más de $10 millones (casi 250 millones de lempiras). al cambio actual)”, precisó la Fiscalía.
A cambio de los sobornos, Cosenza y otros funcionarios hondureños supuestamente ayudaron a Zaglin, Marchena y otros a “obtener contratos para la venta de uniformes y otros bienes para la Policía Nacional de Honduras y asegurar el pago de los contratos”.
Para ocultar los pagos de sobornos, Zaglin, Marchena y Cosenza, con la complicidad de otras personas, lavaron las ganancias a través de cuentas bancarias y empresas fachada en Estados Unidos y Belice.
Según la acusación, los conspiradores enviaron más de 166.000 dólares (4,1 millones de levas) a cuentas bancarias controladas por Cosenza y otro funcionario hondureño para promover el plan.
Este artículo está firmado de forma anónima para proteger a sus autores.
